los estudiantes de derecho de la universidad de Tarapacá, la segunda más numerosa de las carreras universitarias de la región, con 734 alumnos.
luego de fracasar el diálogo con la rectoría y la decanatura de la facultad de derecho, el conflicto llegó hasta la corte de apelaciones de Arica donde se ventilan 2 recursos de protección. A través de estas acciones, los alumnos pretenden lograr un fallo que obligue
al alto mando universitario a autorizar la reapertura del calendario de exámenes extraordinarios, el cual fue cerrado intempestivamente en diciembre, en medio de
la movilización estudiantil.
La presidenta del Centro de Alumnos de Derecho, Lizbeth Sáez Osorio, lamentó que los caminos de diálogo con la autoridad universitaria se hayan cerrado. Tuvimos
conversaciones y la última fue con el rector Emilio Rodríguez presente y la decana Claudia Moraga, pero no hubo acuerdo. Se negaron a
autorizarnos la reapertura de los exámenes extraordinarios que están previstos en nuestro
reglamento. Nos cerraron el semestre sin permitir el uso de esta opción para que nuestros compañeros tengan una oportunidad de aprobar los ramos reprobados. Hay 153 compañeros que fueron afectados, a los que se les cerró el semestre con 259 actas de
exámenes, donde les colocaron un 1 por no haberse presentado, expuso.
¿Por qué votaron por el paro?
La dirigente estudiantil
relata que la movilización
comenzó porque en la asamblea del 6 de diciembre rechazaron la comunicación de la universidad en la cual les anunciaron que a partir de enero trasladarían sus clases hasta el edificio que ocupaba el Centro de Formación Técnica Estatal (CFT), denominado Campus Las Acacias.
Los estudiantes consideraron peligroso el barrio, y que llevarlos a ese sitio los aislaba de la vida universitaria que tienen junto a alumnos de las otras carreras en el
Campus Saucache, donde actualmente están, aunque no tienen un edificio propio.
El conflicto pudo arreglarse, dado que la autoridad universitaria echó pie atrás en el cambio de sede, tras ser notificada de la votación de los estudiantes que se opuso al
cambio de casa. Sin embargo, el acuerdo se estrelló debido a que la autoridad no aceptó recalendarizar los exámenes extraordinarios
previstos para diciembre y a los que no asistieron los alumnos convocados, porque habían declarado el paro.
Asimismo, el centro de alumnos sostiene que La movilización estudiantil no puede bajarse, debido a que la rectoría o de la decanatura, liderada por la abogada y vicepresidenta de la Empresa Portuaria Arica, Claudia Moraga Contreras, aún no suscribe un documento en el que ratifique que los recursos para la construcción de la facultad están disponibles y
que no habrá un nuevo intento de querer trasladarlos a otro sitio.
A nivel judicial, la universidad presentó su informe en el primer
recurso de protección, interpuesto por la alumna Fernanda Ponce. Allí expuso sus descargos, indicando que el cierre del proceso
de exámenes extraordinarios se ajustó al reglamento interno de la carrera.
La dirigencia estudiantil señaló que esta norma podría ser flexibilizada, dado que en movilizaciones recientes se han aplicado
recalendarizaciones de los exámenes extraordinarios. Al respecto, la organización
indicó que la inflexibilidad de la autoridades está perjudicando a los alumnos que no pueden cerrar su egreso de la carrera o la
inscripción de sus asignaturas.
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